La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones del Congreso argentino, pidió este martes a la plenaria del Legislativo que termine de aprobar la ley que da paso a la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, tras el rechazo del grupo español Marsans de vender las compañías.

La instancia emitió un dictamen donde recomienda la sanción que apoyaría el avalúo hecho por el Tribunal de Tasación del país sudamericano, en el que se valora la negociación de traspaso en menos 760 millones de dólares, suma que fue rechazada por Marsans al alegar que el valor va entre 330 y 546 millones de dólares, cifras que comprenden además una deuda de más de 890 millones de dólares.

El dictamen fue aprobado luego de un encuentro donde también fueron convocados el presidente de Aerolíneas Argentinas y vicepresidente de Interinvest (Marsans), Horacio Fagosi, y a Jorge Molina, representante del grupo español en el directorio de la empresa aérea.

En ese encuentro los empresarios se negaron a aceptar nuevamente el monto informado por el Tribunal de Tasación y alegaron que ellos no eran los designados por la empresa española para firmar cualquier resolución.

Esto obligó al presidente de la comisión, Mariano West, a convocar para el próximo jueves a Vicente Muñoz, director corporativo de Marsans, y a Eduardo Aranda, también directivo del grupo, los negociadores españoles en este proceso.

Sin embargo, después de unos minutos de la decisión, los citados este martes presentaron un documento donde Muñoz y Aranda rechazaban el avalúo del Tribunal de Tasación, lo que motivó a West y demás diputados a preparar inmediatamente el dictamen.

Posteriormente, West dijo que los detalles de la ley serán discutidos en los próximos días en el Parlamento y aseguró en que se han agotado todas las instancias para llegar a un acuerdo con Marsans.

Desde julio pasado, el gobierno de Cristina Fernández y Marsans negociaban el traspaso de AA al Estado, el cual ahora es dueño del 5 por ciento de la compañía, pero las coversaciones nunca fueron fructíferas.

Marsans solicitó al gobierno la participación de un tercer tasador, como lo establece el acta de venta firmada el 17 de julio de este año junto a Fernández de Kirchner, sin embargo, la ley aprobada en septiembre que convalida el rescate estatal, suscribe que será el Poder Legislativo el que aprobará el precio que pagará el Estado por las empresas

“Somos esclavos de la ley. El Congreso es quien tiene la última palabra y no atendremos a ella”, sostuvo el ministro de Planificación, Julio de Vido.

Aerolíneas Argentinas y Austral mantienen unos 9 mil empleados y arrastran una deuda millonaria que el gobierno argentino ha cubierto en los últimos meses para que ambas empresas puedan operar.

El grupo español amenazó con recurrir al tribunal arbitral del Banco Mundial en caso de que sus compañías sean expropiadas.